España es el país de la Unión Europea en el que más han crecido las diferencias sociales en esta década. En los últimos ocho años hemos alcanzado una de las tasas de exclusión más elevadas del continente, evidenciando la falta de una gestión adecuada de la crisis, que ni mucho menos comenzó en el año 2012. Esta situación nunca fue aceptada hasta que llegó el Partido Popular al Gobierno de España.

Cuando hablamos de exclusión social nos referimos al fenómeno que expulsa de los mecanismos de la sociedad a determinados colectivos, especialmente mujeres, jóvenes y niños, que se acentúa en momentos como los actuales y cuya prevención es decisiva. Detrás de las cifras se esconden verdaderos dramas sociales, que, además, una vez pasada la crisis costará mucho recomponerlos.

La peor cara la ofrecen los millones de personas que se encuentran en el desempleo y quienes padecen en mayor medida los efectos de la pobreza, que creíamos en vías de ser erradicada en el siglo XXI y que vuelve a golpear con dureza a la sociedad, con ruptura de muchos proyectos vitales irrecuperables.

El Instituto Nacional de Estadística establece el umbral de pobreza dependiendo de la distribución de los ingresos por unidad de consumo, situándola en un 60% de la media. En esas estadísticas, Canarias ocupa el último lugar de España desde el comienzo de la crisis, con crecimientos exponenciales que están siendo ignorados de forma irresponsable por el Ejecutivo regional, como otros hicieron hasta el año 2011 en el Gobierno de la Nación.

Nos viene a la memoria cuando, dos legislaturas atrás, presentamos una moción en el Senado para que se aprobara la creación de un Fondo Estatal de Emergencia Social que facilitara a las administraciones locales los medios necesarios para hacer frente al importante aumento de personas en situación de exclusión que se preveía.

Es más, pedimos que este mecanismo sustituyera al Plan E, que no sirvió para nada, pero el Gobierno socialista votó en contra. No nos gusta mirar por el retrovisor, pero bueno es recordar que pasaron seis años, y los hechos, lamentablemente, nos han dado la razón.

Actualmente, en el Archipiélago, con una tasa de pobreza que supera el 38%, y muy especialmente, teniendo en cuenta a los 111.000 niños canarios que viven bajo el umbral de la pobreza, tenemos motivos más que suficientes para preocuparnos.
Nuestra tasa de exclusión se disparó un 21% desde el inicio de la crisis, casi el triple de la media nacional, según recoge un reciente estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), que sitúa a Canarias como la región de España donde más creció el número de parados y la pobreza desde 2006.

Males que creíamos erradicados, como el hambre, vuelven a golpear nuestras conciencias, mientras el Gobierno de Canarias no prioriza el gasto de forma adecuada, y hasta parece regatear ayuda a las familias, a las organizaciones no gubernamentales y a entidades como Cáritas. Esta última organización, a quienes podemos considerar la ONG más grande del mundo, apunta un dato muy revelador: más de una cuarta parte de la población española pasa verdaderos apuros para subsistir. En total, la institución solidaria ayuda anualmente a más de seis millones de españoles.

Necesitamos articular una estrategia integral coordinada contra la exclusión social y la marginalidad que parta fundamentalmente de las comunidades autónomas y corporaciones locales. Entre todos tenemos que hacer frente a esta situación y, con medidas conciliadoras y decididas, debemos paliar los efectos que esta crisis está dejando en nuestro país.

Estás políticas han de velar también por el sostenimiento de las familias, núcleo básico social que está manteniendo mínimos de subsistencia, y que de no existir, habría que inventarla. Esta institución ha sido muchas veces maltratada, cuando su papel es insustituible.

Hay que establecer fórmulas de consenso permanente que prioricen la solución de estos problemas. En la búsqueda de esos acuerdos siempre podrán contar con nosotros.

El Roque de los Muchachos y las Cañadas del Teide constituyen el Observatorio Norte Europeo (ONE), en el que participan más de sesenta instituciones de todo el mundo. Entre ellas destaca el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), con sede en La Laguna, integrado por la Administración del Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias, la Universidad de La Laguna y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que puede honrarse de haber realizado un importante esfuerzo para poner grandes recursos al servicio de toda la Humanidad.

Continuando con la hoja de ruta organizada en la Comisión de Economía y Competitividad del Senado, la secretaria de Estado de Investigación y Desarrollo, Carmen Vela, destacó esta semana, una vez más, la actividad investigadora que se desarrolla en los centros de nuestra comunidad autónoma, cuya importancia para el mundo científico es innegable.

Ya tuvimos el honor de defender, en su día, que se redoblaran los esfuerzos para la instalación del Gran Telescopio Europeo (E-ELT) en el Archipiélago, y creemos conveniente que también el Gobierno de Canarias se siga comprometiendo en el sostenimiento de estas investigaciones, siguiendo la estela de la Universidad de La Laguna. Es momento, una vez más, de priorizar en el gasto, quitando lo superfluo e invirtiendo en resolver los problemas sociales de primer orden, pero también en I+D+i+d, artífice del verdadero cambio de modelo económico.

El IAC es un centro español e internacional cuyos profesionales aprovechan la calidad de nuestros cielos ?los mejores del planeta?, y una ubicación geoestratégica tricontinental sin igual en un ecosistema científico envidiable, que han merecido la instalación de estas auténticas maravillas de la técnica, en cuya gestión y fabricación colabora cerca de una veintena de países. La propia industria astrofísica española es de las mejores del mundo.

En este complejo universo tecnológico brilla especialmente el Gran Telescopio de Canarias (Grantecan), el mayor y más potente aparato de estas características jamás construido, con sus 10,4 metros de diámetro, que a 2.400 metros de altitud sería capaz de detectar la luz de una vela en la superficie de la Luna, o de descifrar componentes químicos surgidos tras el Big Bang. El valor añadido de lo que se investiga tiene una trascendencia social de primer orden, y toda la población canaria está comprometida en ello.

Si bien todos los sectores afrontan de igual manera los ajustes que impone el actual contexto de crisis, el anuncio de las dificultades que atraviesan unas investigaciones del calibre de las que se realizan en las Islas, que nos han convertido en punta de lanza mundial, merece sin duda la reflexión y compromiso de todos.

Hemos de seguir buscando fórmulas de consenso serias y científicas, a través de convenios y mecenazgo para inversiones subsiguientes, con mantenimiento de todo el complejo astrofísico. Ya lo logramos en su día, cuando aunamos esfuerzos en torno a la candidatura del IAC para albergar el Telescopio Extremadamente Grande (E-ELT), que concitó el respaldo mayoritario de no pocas instituciones españolas y canarias, así como del Parlamento Europeo, y que se malogró por una errónea estrategia internacional desarrollada por el Gobierno en aquel momento.

Nos sentimos profundamente orgullosos de contar con el IAC. Tendríamos, de hecho, que beneficiarnos en mayor medida de la gran ventaja que supone contar con estas y otras instalaciones, únicas en el mundo, que bien podrían contribuir a nuestra promoción como destino de turismo científico y astrofísico, una forma de actividad que no consume terreno y relaciona ocio e investigación.

Incentivar la formación especializada y la inversión en I+D+i+d a través de la colaboración público-privada con un compromiso empresarial dirigido a la obtención de resultados, todo dentro de un marco estable de planificación, es nuestro objetivo último.